Ley de Segunda Oportunidad

La Ley de la Segunda Oportunidad ha supuesto una pequeña revolución para la sociedad española. Este artículo trata de exponer las circunstancias y motivos que han motivado esa gran importancia.

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El escenario de partida era una grave crisis económica que provocó la pérdida de miles de empleos, cierre de empresas, el descalabro de emprendedores… Comenzó en 2007 (oficialmente reconocida en 2008, cuatro meses después de las lecciones) y en 2017 no llegado a salir, puesto que no se han recuperado los niveles de empleo previos salir acabamos de salir.

Una de las medidas a las que se dio gran importancia fue la reforma de la Constitución. El 23 de agosto de 2011 José Luis Rodríguez Zapatero, entonces Presidente del Gobierno, presentó la propuesta de reforma del artículo 135 de la Constitución. Sí, ¡AGOSTO! Políticos trabajando en AGOSTO: de hecho, la reforma en sí fue publicada en el BOE el 27 de septiembre de 2011 y entró en vigor el mismo día. Había verdadera prisa por consagrar la “prioridad absoluta” del pago de la deuda, aunque eso suponga recortar pensiones, prestaciones sanitarias y sociales o congelar sueldos de funcionarios. Sigue vigente, por cierto.

Ni los Plan E ni los recortes de gasto social ni las reformas laborales ni el rescate financiero a bancos y autonomías ni la subida del IVA pudieron parar un drama terrible: las personas no podían hacer frente a sus deudas. Al carecer de empleo, de prestaciones y subsidios no tenían ingresos para cubrir sus necesidades básicas y pagar las deudas que habían asumido en épocas anteriores, cuando tenían trabajo.

La legislación vigente hasta 2013 era desastrosa: perdías tu casa y tus propiedades y todavía debías dinero. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos recogieron firmas para plantear una iniciativa legislativa popular conforme al artículo 87.3 CE. Tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien dictaminara algo evidente: la legislación española era abusiva para los consumidores y usuarios y vulneraba la normativa europea.

Se hizo una nueva ley hipotecaria que no resolvió el problema sino que generó más protestas sociales, huelgas y manifestaciones: fue un mero maquillaje. El Gobierno de Mariano Rajoy temía por la estabilidad bancaria si se aprobaba la dación en pago. El drama social siguió. Los desahucios parecían imparables y las personas quedaban en la calle y con la soga de una deuda, que no podían pagar, al cuello.

La luz al final del túnel llegó en julio de 2015, con la ley de la segunda oportunidad: Ley 25/2015, de 28 de julio. Partiendo del modelo concursal vigente para empresas, se adaptó una solución para los particulares, para las personas. La idea básica de esta ley de segunda oportunidad es permitir que las personas que se han visto aquejadas por el infortunio puedan rehacer su vida, volver a salir a flote.

De un vistazo rápido, podemos resumir el procedimiento así: se plantea un posible acuerdo con los acreedores ante la situación de insolvencia que padece la persona. Si se aprueba, el juez lo revisa y, en su caso, lo valida. Si no se alcanza un acuerdo entre los acreedores y el deudor, será el juez quien decida cómo proceder.

En cualquier caso, se liquida el patrimonio del deudor y se pagan las deudas con lo que se obtenga, con la posibilidad real de no tener que abonar nada más por la deuda pendiente, si se reúnen los requisitos legales para ello.

Durante cinco años después estará el particular y su familia bajo la lupa del juzgado y los acreedores, por si su fortuna y patrimonio mejoran notablemente y puede pagar la deuda –por ejemplo, que le toque la lotería-. Si no es el caso, podrá comenzar realmente una nueva vida. Tendrá una nueva oportunidad.

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