La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
El artículo 119 de la Constitución Española de 1978 aborda el tema de la justicia gratuita. En términos simples, este artículo establece que en España, toda persona que no tenga suficientes recursos económicos para enfrentar los gastos necesarios en un proceso judicial, tiene derecho a recibir ayuda legal gratuita.
Esta asistencia legal gratuita tiene como objetivo garantizar que todas las personas, independientemente de su situación económica, puedan acceder a la justicia y defender sus derechos de manera efectiva en un proceso judicial. La justicia gratuita puede cubrir una variedad de servicios, incluidos, pero no limitados a, la asesoría legal, la representación en los procedimientos judiciales y la exención de pago de ciertos costos procesales.
En resumen, el artículo 119 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la justicia, sin que la falta de recursos económicos impida ejercer este derecho fundamental.
