La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
El artículo 126 de la Constitución Española de 1978 se refiere al papel y funcionamiento de la Policía Judicial en el país. Para entenderlo mejor, es importante explicar primero lo que es la Policía Judicial.
La Policía Judicial es un conjunto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, cuya función principal es investigar delitos y colaborar con los jueces y tribunales en la búsqueda, recolección y custodia de pruebas, así como en la captura de sospechosos y la protección de las personas y bienes que puedan verse afectados por un delito.
Este artículo establece que la Policía Judicial es indispensable para el funcionamiento del sistema judicial en España. Deben actuar bajo la dirección de jueces, magistrados y fiscales, quienes son los encargados de velar por la legalidad en todo el proceso.
Además, el artículo señala que en caso de investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada o con delitos que afectan a la seguridad del Estado, es necesario que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado colaboren entre sí para poder llevar a cabo las investigaciones de manera eficaz.
En resumen, el artículo 126 de la Constitución Española garantiza el correcto funcionamiento de la Policía Judicial, asegurando que cumplan su función de forma coordinada y bajo el control de autoridades judiciales, todo esto con el objetivo de que se realicen investigaciones efectivas y se proteja la seguridad y el orden público en España.
