1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.
El artículo 138 de la Constitución Española de 1978 se refiere a la igualdad entre las distintas regiones o territorios que conforman España y garantiza la cohesión económica y social del país. Este artículo tiene dos partes fundamentales que tratan de asegurar un trato equitativo a todas las regiones.
En primer lugar, este artículo establece que el Estado debe garantizar un equilibrio económico adecuado y justo entre las diferentes áreas geográficas. Con esto se quiere evitar que ciertas regiones se queden considerablemente más desfavorecidas económicamente que otras. Esto implica que el gobierno central tiene la responsabilidad de promover políticas y colaborar con las autoridades regionales y locales para asegurar una distribución eficiente y equitativa de los recursos, así como impulsar el desarrollo y las oportunidades económicas en todas las regiones.
En segundo lugar, este artículo también establece que las políticas y acciones referentes a la inversión pública, ya sea en infraestructuras, servicios o programas de inversión, deben contribuir a la corrección de desequilibrios entre las distintas regiones. Es decir, el gobierno central y las diferentes administraciones territoriales deben trabajar juntos para garantizar que todas las regiones reciban una parte proporcional de los fondos públicos destinados al desarrollo y a la mejora de su calidad de vida.
En resumen, el artículo 138 de la Constitución busca garantizar una distribución equitativa de la riqueza y el bienestar entre todas las regiones, evitando la concentración económica y social en unas pocas áreas y asegurando el desarrollo sostenible y equilibrio para todo el país. Este objetivo se logra a través de la promoción de políticas y medidas que favorezcan la inversión pública y el desarrollo económico en todas las regiones, así como la colaboración entre las diferentes administraciones territoriales.
