1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por la ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
El artículo 150 de la Constitución Española de 1978 se refiere a la transferencia o delegación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Este artículo establece tres formas en las que puede llevarse a cabo dicho proceso.
En primer lugar, menciona la posibilidad de que el Estado transfiera competencias a las comunidades autónomas sobre materias que, en principio, le pertenecen. Esto significa que el Estado puede otorgar a las comunidades autónomas la capacidad de tomar decisiones y gestionar ciertos asuntos que originalmente estaban bajo su responsabilidad. Normalmente, esta transferencia se realiza en función de la capacidad de cada comunidad autónoma para llevar a cabo dichas tareas de manera eficiente.
La segunda forma que establece el artículo es la delegación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. A diferencia de la transferencia, la delegación implica que el Estado otorga a las comunidades autónomas la responsabilidad de gestionar ciertas cuestiones, pero mantiene su control y supervisión sobre ellas. Así, el Estado sigue teniendo la última palabra y puede recuperar esas competencias en caso de considerarlo necesario.
Por último, el artículo también contempla la posibilidad de que, mediante una ley orgánica, se establezcan mecanismos para coordinar las competencias de las comunidades autónomas en áreas específicas de interés para el conjunto del Estado. Esto se aplica especialmente en aquellas áreas en las que una comunidad autónoma tenga una responsabilidad particular o se vea afectada de manera significativa por decisiones tomadas por otras comunidades autónomas.
En resumen, el artículo 150 de la Constitución Española establece las diferentes formas en las que el Estado y las comunidades autónomas pueden compartir responsabilidades y tomar decisiones en conjunto sobre diversas materias, de acuerdo con las necesidades y características específicas de cada territorio. Esto permite una mayor autonomía y adaptabilidad en la organización política y administrativa del país.
