Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
El artículo 163 de la Constitución Española establece un mecanismo de control de la constitucionalidad de las leyes por parte del Tribunal Constitucional.
Esto significa que si en el transcurso de un juicio, un juez o tribunal considera que una ley en particular podría ser contraria a la Constitución y que su validez podría afectar la decisión del juicio, entonces el juez debe plantear una cuestión ante el Tribunal Constitucional para que este decida si la ley es o no compatible con la Constitución.
Este proceso se lleva a cabo en los términos y con los efectos que establezca la ley, lo que significa que existen leyes específicas que fijan el proceso y los términos en los que se llevará a cabo la cuestión.
Sin embargo, la ley en ningún caso puede suspender el juicio en el que se presenta la cuestión, lo que significa que el juicio continuará mientras el Tribunal Constitucional estudia la cuestión planteada.
Este mecanismo es importante para garantizar la protección de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos, y para asegurar que las leyes de la nación estén en línea con los principios y valores establecidos en la Constitución.
A través de este proceso, se busca asegurar que el poder legislativo no sobrepase sus límites y respete los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.
