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Artículo 51 de la Constitución Española de 1.978

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.

Explicación del artículo 51 de la CE

El Artículo 51 de la Constitución Española de 1978 se centra en la protección y amparo del consumidor y usuario. Es decir, tiene como objetivo garantizar que las personas que adquieren productos o servicios cuenten con la información y seguridad necesarias para tomar decisiones informadas.

Este artículo promueve que los poderes públicos, principalmente el Gobierno y las instituciones estatales, establezcan medidas para que los consumidores y usuarios estén informados sobre los productos y servicios que adquieren y utilizan en su vida diaria. Esto incluye asegurar la calidad, seguridad y protección de los mismos, además de garantizar información accesible y adecuada sobre sus características y precios.

Asimismo, este apartado constitucional contempla la promoción y fomento de organizaciones de consumidores y usuarios para que éstos puedan defender sus intereses, y sanciona las prácticas perjudiciales y abusos hacia la población. Aquí también se plantea que las leyes y políticas públicas deben considerar el bienestar de los consumidores y usuarios a la hora de formular reglamentaciones y normativas.

En resumen, el Artículo 51 se preocupa por garantizar el bienestar y protección de las personas que compran y utilizan productos y servicios, asegurándose de que éstos sean seguros, de calidad, y que los consumidores cuenten con la información necesaria para tomar decisiones informadas. Además, fomenta la participación y defensa de los intereses de los consumidores a través de organizaciones específicas.


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