1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El Artículo 9 de la Constitución Española de 1.978 establece una serie de principios fundamentales que aseguran el correcto funcionamiento del Estado y garantizan la igualdad y justicia para todos los ciudadanos.
En primer lugar, el artículo establece que todos los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la ley y al ordenamiento jurídico. Esto significa que nadie está por encima de la ley y todos deben cumplir con las normas establecidas. La finalidad de esta disposición es asegurar que las leyes se apliquen de manera equitativa, garantizando así la igualdad y la justicia para todos los ciudadanos.
En segundo lugar, el artículo establece que los poderes públicos tienen la responsabilidad de garantizar la vigencia y el cumplimiento de las normas y leyes establecidas. Esto implica que las instituciones del Estado deben desempeñar sus funciones de manera eficiente y justa, asegurando que todos los ciudadanos sean tratados con igualdad y de acuerdo con los ordenamientos jurídicos.
Además, el artículo contiene un principio esencial en un Estado democrático: la legalidad. Los poderes públicos deben actuar conforme a la ley y no ante sus propias voluntades. Esto limita la posibilidad de abuso de poder y asegura un sistema democrático saludable.
Por último, el artículo garantiza la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas, haciendo hincapié en la importancia que tiene que los ciudadanos conozcan sus derechos y puedan hacerlos valer. Esto incluye el deber del Estado de promover condiciones para que la igualdad de los ciudadanos sea real y efectiva, eliminando obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. También impone la obligación de los poderes públicos de actuar contra la discriminación por cualquier motivo, promoviendo una sociedad justa y equilibrada.
En resumen, el Artículo 9 de la Constitución se encarga de establecer que todos los ciudadanos y poderes públicos deben cumplir con la ley, garantiza la igualdad y justicia, defiende la legalidad de las acciones de los poderes públicos y promueve la protección de los derechos y libertades de todas las personas.
