La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
El artículo 105 de la Constitución Española de 1978 se centra en establecer la participación ciudadana en los procesos de elaboración de normas y garantizar el acceso a los documentos de las administraciones públicas. Esencialmente, este artículo se compone de tres partes.
En la primera parte, se aborda la importancia de la participación ciudadana en la elaboración de determinadas leyes. Esto significa que, cuando se están creando normas que tengan repercusiones directas en los ciudadanos, se debe garantizar que los ciudadanos puedan opinar y presentar sus ideas o sugerencias. Con ello, se busca fomentar una mayor colaboración entre la sociedad y las instituciones del Estado en la creación de leyes.
La segunda parte del artículo se centra en el acceso a los archivos y registros de las administraciones públicas. Se establece que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer y acceder a la información que conste en esos archivos siempre que no existan motivos que lo impidan, como la protección de datos personales, la seguridad del Estado o la justicia, entre otros. Esta parte es importante, ya que garantiza la transparencia de las instituciones públicas al permitir a los ciudadanos conocer cómo se administran sus recursos e intereses.
Por último, la tercera parte del artículo hace referencia a la obligación de la administración pública de comunicar a los ciudadanos sus decisiones y las razones de las mismas cuando afecten sus derechos e intereses legítimos. Esto se hace con el objetivo de asegurar que la administración sea transparente en sus acciones y decisiones, permitiendo a los ciudadanos conocer las razones por las cuales se han tomado ciertas decisiones que pueden afectarles.
En resumen, el artículo 105 de la Constitución Española tiene como objetivo asegurar la participación ciudadana en la elaboración de leyes, garantizar el acceso a la información de las administraciones públicas y promover la transparencia en la toma de decisiones que afecten a los ciudadanos.