1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
El artículo 106 de la Constitución Española de 1.978 se centra en el control y responsabilidad que tienen los órganos de la Administración Pública, es decir, aquellos encargados de gestionar y llevar a cabo las decisiones y funciones gubernamentales.
En primer lugar, establece que la actividad de la Administración Pública está sujeta a una supervisión por parte de los Tribunales, estos son los organismos judiciales encargados de garantizar que dicha actividad se realice cumpliendo con lo establecido en las leyes y en la propia Constitución. Así pues, cualquier persona que considere que ha sido perjudicada por una actuación incorrecta de la Administración tiene derecho a acudir a los Tribunales para denunciarlo y buscar una solución legal al conflicto.
Por último, el artículo 106 de la Constitución también aborda la responsabilidad que tienen los miembros de la Administración Pública frente a posibles daños que ocasionen a los ciudadanos durante el ejercicio de sus funciones. Se establece que los empleados públicos tienen que responder ante la ley si, de manera incorrecta o negligente, causan un perjuicio a terceros. De este modo, se pretende asegurar un comportamiento más diligente y responsable por parte de quienes ejercen cargos públicos.
