1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 103 de la Constitución Española establece un conjunto de principios clave que regulan cómo deben funcionar las administraciones públicas en España. Estos principios son fundamentales en el funcionamiento de cualquier Estado democrático moderno y garantizan la eficiencia y la responsabilidad del gobierno y sus instituciones.
En primer lugar, el artículo asegura que la administración debe actuar siempre en base al interés general de la sociedad, lo que significa que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de tomar decisiones y realizar acciones que beneficien a la ciudadanía en su conjunto, asegurando sus derechos y garantías.
Además, las administraciones públicas tienen la obligación de ser eficaces e eficientes en su trabajo, es decir, cumplir correctamente con sus responsabilidades y funciones utilizando los recursos disponibles de manera adecuada. Esto busca evitar el despilfarro y favorece una utilización razonable y apropiada del dinero público.
Otro punto clave en este artículo es la importancia de la transparencia en la actuación de las administraciones públicas. Deben tomar decisiones de manera abierta y proporcionar información sobre su funcionamiento y acciones a la sociedad. Esto fomenta la confianza de los ciudadanos en las instituciones y les permite participar activamente en la supervisión y control de las mismas.
Por último, el artículo establece que tanto el Gobierno como sus empleados están sujetos a la ley y a sus superiores jerárquicos, lo que asegura el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de cada uno y evita el abuso de poder. Además, protege los derechos de los ciudadanos exigiendo que todas las acciones de la administración estén debidamente justificadas en base a la legalidad.
En resumen, el artículo 103 de la Constitución Española establece un marco en el que las administraciones públicas deben actuar siempre en interés de la sociedad, ser eficientes, transparentes y cumplir con la legalidad vigente, garantizando así el buen funcionamiento del Estado y la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos.
