1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste. El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que, cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.
El artículo 136 de la Constitución Española se refiere al Tribunal de Cuentas, que es un órgano encargado de controlar el manejo económico y financiero del sector público. En términos sencillos, esta institución es como un revisor que se encarga de supervisar y garantizar que el dinero del Estado se utilice de forma correcta y siguiendo las normas establecidas.
Este tribunal actúa de manera independiente y autónoma, lo que significa que no está influenciado por otros organismos o poderes del Estado, como por ejemplo el Gobierno o el Parlamento, y puede tomar sus decisiones sin sentirse presionado por ellos.
El Tribunal de Cuentas se encarga de examinar y verificar cómo se utilizan los recursos financieros del Estado, como por ejemplo analizar si los gastos e inversiones públicas se han realizado conforme a la ley y si se han derivado en los resultados esperados. Además, este organismo tiene la capacidad de tomar medidas si detecta irregularidades, desde sancionar a los responsables hasta pedir la intervención de otros órganos judiciales si fuera necesario.
El artículo también establece que el Tribunal de Cuentas debe presentar periódicamente informes que comuniquen los resultados de sus investigaciones al Parlamento, que es quien representa los intereses del pueblo. Esto garantiza la transparencia en el manejo del dinero público y asegura que las administraciones públicas sean responsables ante la ciudadanía de la gestión de los recursos del Estado.
