Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la Comunidad.
El artículo 154 de la Constitución Española de 1978 hace referencia al papel del Delegado del Gobierno en las Comunidades Autónomas. En términos sencillos, se establece que el Gobierno de España debe contar con un representante en cada Comunidad Autónoma. El objetivo de esto es asegurar una adecuada comunicación entre el Gobierno central y los gobiernos regionales, así como garantizar que las decisiones tomadas por el Gobierno nacional sean respetadas y aplicadas correctamente en las distintas Comunidades Autónomas.
Esta figura, denominada Delegado del Gobierno, es nombrada directamente por el Gobierno central y tiene la responsabilidad de supervisar y coordinar la actuación de las distintas instituciones y ministerios que conforman el Gobierno nacional en el ámbito de su territorio. Su papel es clave para hacer cumplir las leyes estatales y asegurar el correcto funcionamiento de las distintas administraciones públicas en las regiones.
En resumen, el artículo 154 establece la necesidad de contar con un representante del Gobierno central en cada Comunidad Autónoma para facilitar la cooperación y coordinación entre las distintas administraciones, así como para velar por el cumplimiento de las leyes y decisiones adoptadas por el Gobierno de España.
