1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
El Artículo 53 de la Constitución Española de 1978 aborda la forma en que se protegen y garantizan los derechos fundamentales y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la propia Constitución. Este artículo se divide en tres partes que explican diferentes aspectos de esta protección.
En la primera parte, se establece que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución están vinculados tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos, quienes deben respetar y proteger estos derechos. En términos sencillos, significa que los ciudadanos y las autoridades deben cumplir y asegurarse de que se respeten los derechos fundamentales y libertades señalados en la Constitución.
La segunda parte del artículo se refiere a la tutela judicial efectiva, lo que significa que en caso de que estas libertades o derechos sean vulnerados, existe un mecanismo legal para defenderlos. Así, cualquier persona que se considere afectada por una violación de sus derechos puede acudir a los tribunales y obtener una respuesta en relación a su caso. Este proceso de protección tiene como objetivo garantizar que las autoridades y la sociedad en general respeten los derechos establecidos en la Constitución.
Finalmente, la tercera parte del artículo señala que algunos derechos específicos mencionados en la Constitución tienen una protección adicional a través de un recurso especial, llamado recurso de amparo, presentado ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución y, en este sentido, es responsable de analizar y resolver casos en los que se alega una violación de estos derechos. De esta manera, el recurso de amparo es una herramienta adicional que permite a los ciudadanos ejercer y proteger sus derechos fundamentales.
En resumen, el Artículo 53 de la Constitución Española garantiza la protección de los derechos fundamentales y las libertades establecidas en la propia Constitución, ofreciendo mecanismos legales para salvaguardarlos y asegurar su cumplimiento tanto por las autoridades como por la sociedad en general.
