Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.
El Artículo 54 de la Constitución Española de 1.978 establece la creación de una figura importante en el ámbito de la protección y garantía de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos: el Defensor del Pueblo.
Esta figura es un cargo público que funciona como un mediador o intermediario entre los ciudadanos y las distintas instituciones, autoridades y administraciones del Estado. Su misión principal es velar por el correcto ejercicio y el respeto de los derechos y libertades de las personas, investigando posibles abusos, irregularidades o malas prácticas por parte de la administración pública.
El Defensor del Pueblo se encarga de recibir quejas, reclamos o sugerencias de los ciudadanos cuando consideran que han sido afectados por acciones de las instituciones, y es su responsabilidad analizar y gestionar estas situaciones, pudiendo realizar investigaciones, emitir recomendaciones y dar seguimiento a la resolución de los problemas planteados.
Una característica importante del Defensor del Pueblo es su independencia, ya que no puede recibir instrucciones de ninguna otra autoridad, lo cual le otorga autonomía para desarrollar su labor en beneficio de los ciudadanos.
Además, el Defensor del Pueblo es responsable de elaborar y presentar un informe anual ante las Cortes Generales, en el que detalla las acciones y resultados obtenidos en su labor de protección de los derechos y libertades públicas, permitiendo así un mayor control en el cumplimiento de las normativas y el respeto a los derechos de la población.
En resumen, el Artículo 54 de la Constitución Española establece la existencia, funciones e importancia del Defensor del Pueblo como un mediador que protege y garantiza el respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos frente a posibles abusos o irregularidades por parte de la administración pública.
