Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
El artículo 85 de la Constitución Española establece que, en algunos casos concretos, el Gobierno puede delegar la facultad de legislar en otra persona o entidad.
Esto quiere decir que en ciertas situaciones el Gobierno puede transferir temporalmente la responsabilidad de elaborar y aprobar normativas a otras entidades. Por lo tanto, en lugar de que el Parlamento sea quien cree las leyes, el Gobierno puede autorizar que otra persona lo haga.En este caso, las disposiciones que resulten de esta delegación se llaman "Decretos Legislativos".
Cuando el Gobierno decide delegar la facultad de legislar, las normativas que resultan de ello son conocidas como "Decretos Legislativos". Es decir, son leyes que se han creado de manera distinta a como generalmente se elaboran.Es decir, en lugar de que el Parlamento sea quien elabore y apruebe las leyes, en determinadas situaciones el Gobierno puede transferir temporalmente esta responsabilidad a alguien más.
Si bien lo habitual es que las leyes sean creadas por el Parlamento, en ocasiones esto no es posible o no resulta conveniente. En estos casos, el Gobierno puede optar por delegar la función legislativa a terceros, con el objetivo de agilizar ciertos trámites o para obtener mejores resultados.Esto no significa que el Gobierno tenga un poder ilimitado para legislar.
Es importante tener en cuenta que el Gobierno, aunque puede delegar la función legislativa, no tiene libertad absoluta para hacer lo que quiera. Es decir, no puede legislar a su antojo, sino que debe hacerlo dentro de ciertas normas y limitaciones.De hecho, la delegación tiene que cumplir una serie de requisitos para que sea válida y no se puedan ceder ciertas materias, como las relacionadas con las libertades fundamentales y los derechos de los ciudadanos.
Antes de permitir la delegación de la función legislativa, existen ciertas limitaciones y normas que deben ser cumplidas. Por ejemplo, no se pueden delegar ciertos temas, como aquellos relacionados con los derechos humanos y las libertades fundamentales.Además, una vez que se apruebe el Decreto Legislativo, el Parlamento puede revisarlo y modificarlo si lo considera necesario.
Es importante destacar que una vez que se ha creado el Decreto Legislativo, este no es definitivo ni inalterable. De hecho, el Parlamento puede revisarlo y modificarlo si lo considera necesario, lo cual significa que no hay poder absoluto ni para el Gobierno ni para las personas que han sido autorizadas para legislar temporalmente.En resumen, el artículo 85 permite que el Gobierno delegue temporalmente la facultad de legislar, pero siempre respetando ciertos límites y con el control del Parlamento.
En general, el artículo 85 tiene como finalidad permitir al Gobierno delegar temporalmente su responsabilidad de legislación en otras personas, siempre y cuando se respeten ciertas limitaciones y se realicen los procedimientos adecuados. Esta delegación tiene el objetivo de agilizar ciertos trámites y obtener mejores resultados, pero siempre con el control y supervisión del Parlamento.