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Artículo 129 de la Constitución Española de 1.978

1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.

Explicación del artículo 129 de la CE

El artículo 129 de la Constitución Española trata sobre la participación de los ciudadanos y trabajadores en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos, así como en las empresas y la propiedad de los medios de producción. En resumen, este artículo busca fomentar una sociedad más participativa en la que los ciudadanos y trabajadores tienen voz y voto en cuestiones que les afectan directamente.

El primer párrafo establece que la ley debe establecer las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general. Esto significa que la ley debe garantizar que los ciudadanos tengan la oportunidad de participar en cuestiones relacionadas con su seguridad social y bienestar, así como en la toma de decisiones de los organismos públicos que puedan afectar a su vida diaria.

El segundo párrafo se refiere a la promoción de diversas formas de participación en la empresa. Esto significa que los poderes públicos deben trabajar para hacer que las empresas sean más accesibles y participativas para los trabajadores y fomentar formas de participación, como las sociedades cooperativas donde los trabajadores son también propietarios. También se menciona que se deben establecer medios para facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción. En resumen, esto significa que los poderes públicos deben trabajar para fomentar una cultura empresarial más participativa en la que los trabajadores tengan voz y voto en la toma de decisiones y en la propiedad de la empresa.


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