Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.
El Artículo 165 de la Constitución Española busca garantizar que el derecho a la protección de los derechos y libertades fundamentales esté protegido por medio del Tribunal Constitucional, organizando su funcionamiento a través de una ley orgánica.
Esta ley determinará el estatuto de los miembros del Tribunal, lo que significa que se establecerán las normas de conducta que deben cumplir para garantizar la independencia del Tribunal y su imparcialidad en todo momento. Además, se regularán las condiciones que deben cumplir las personas que aspiren a convertirse en miembros del Tribunal Constitucional, asegurando que quienes lo integren sean aptos para el cargo.
Otro aspecto importante que se regulará en la ley orgánica es el procedimiento para presentar una apelación ante el Tribunal Constitucional. A través de esto se busca que el proceso sea claro y accesible para todo aquel que desee presentar una acción ante este órgano, independientemente de su capacidad económica o situación social.
Por último, la ley establecerá las condiciones para el ejercicio de las acciones, garantizando la igualdad de oportunidades para todas las personas que deseen acudir al Tribunal Constitucional y presentar sus demandas ante este órgano. En definitiva, el objetivo principal del Artículo 165 de la Constitución es garantizar que el funcionamiento del Tribunal Constitucional sea justo, transparente y eficiente para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles.
