1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
El artículo 17 de la Constitución Española de 1978 se centra en garantizar y proteger la libertad y seguridad de las personas.
Para facilitar su comprensión, vamos a dividirlo en tres apartados fundamentales:
1. En primer lugar, se establece el principio de que todas las personas tienen derecho a la libertad y la seguridad. Esto significa que no se puede privar a alguien de su libertad sin un motivo justificado y amparado por la ley. Este derecho busca asegurar la protección contra detenciones o arrestos arbitrarios, garantizando así la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.
2. Además, se establecen las condiciones bajo las cuales se permite limitar la libertad de una persona. Estas incluyen situaciones como la detención de alguien en caso de flagrante delito o cuando existe una orden judicial de arresto. También se establece que el periodo máximo de detención preventiva no puede ser superior a 72 horas, durante las cuales la persona detenida debe ser puesta a disposición de un juez, quien deberá decidir si procede mantener la detención o liberar al detenido. Esto evita que una persona pueda ser privada de su libertad por tiempo indefinido sin un control judicial adecuado.
3. Por último, el artículo destaca el derecho a un proceso judicial justo y objetivo cuando se encuentre en juego la libertad de una persona. Esto implica que, en caso de verse afectada la libertad de una persona, esta tiene derecho a la asistencia de un abogado y a que se le informe de los cargos en su contra, así como a comunicarse con su familia y ser puesta a disposición judicial en el plazo establecido en la ley.
En resumen, el artículo 17 de la Constitución Española hace hincapié en la importancia de proteger la libertad y seguridad de los ciudadanos y en garantizar que cualquier restricción a estos derechos se lleve a cabo de acuerdo con las disposiciones legales y siempre dentro de un marco de protección de los derechos fundamentales.
