Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
El Artículo 38 de la Constitución Española de 1.978 hace referencia a la libertad de empresa y al principio de libre competencia en el ámbito económico. En términos sencillos, este artículo establece que todas las personas tienen el derecho de crear y desarrollar sus propios negocios en cualquier sector económico, siempre y cuando cumplan con las leyes y normativas aplicables.
Además, este artículo promueve el principio de libre competencia en el mercado. Esto significa que todos los diferentes negocios y empresas compiten entre sí para proporcionar mejores productos y servicios a los consumidores. La libre competencia es esencial para el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad, ya que fomenta la innovación, la eficiencia y la creación de empleo.
A su vez, el Artículo 38 también indica que las autoridades públicas tienen la responsabilidad de velar porque esta competencia se realice de manera justa y sin prácticas abusivas que perjudiquen a los consumidores o a otras empresas. De esta manera, se garantiza que las empresas no se involucren en comportamientos desleales, como la formación de monopolios o cárteles, que puedan distorsionar el mercado y afectar negativamente a otros negocios y a los consumidores.
En resumen, el Artículo 38 garantiza el derecho de las personas a crear y gestionar sus propios negocios, al tiempo que establece un marco legal para garantizar una competencia justa y equitativa entre las empresas, fomentando así un sistema económico saludable y sostenible.
