El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Este artículo aborda principalmente las relaciones laborales y la protección social de los trabajadores españoles que desempeñan su labor fuera de las fronteras del país. Se divide en dos aspectos fundamentales:
1) El primer aspecto se refiere al compromiso del Estado de asegurar que los trabajadores españoles que están en el extranjero reciban un trato justo y adecuado en cuanto a sus condiciones laborales. Esto implica velar porque las leyes y reglamentaciones del país de destino no discriminen a los trabajadores españoles y se les otorguen las mismas garantías y derechos que a los trabajadores locales. En resumen, el Estado español tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos en el ámbito laboral mientras trabajan en otro país.
2) El segundo aspecto se centra en la protección social de estos trabajadores. El Estado está comprometido en garantizar que los trabajadores españoles en el extranjero, así como sus familiares, puedan disfrutar de los beneficios y asistencias que les otorga el sistema de seguridad social español. Esto quiere decir que, aunque trabajen fuera de España, siguen teniendo acceso a servicios y prestaciones como la asistencia sanitaria, pensiones, subsidios por desempleo, entre otros. De esta forma, se asegura que los trabajadores y sus familias no sufran desamparo al estar en otro país.
En resumen, el Artículo 42 de la Constitución Española establece el compromiso del Estado en la protección de los derechos laborales y de seguridad social de los trabajadores españoles que se encuentren ejerciendo sus labores fuera del país, garantizando un trato justo y adecuado, y el acceso a los beneficios de la seguridad social.
