1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.
3. La persona del Rey de España es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65,2.
El artículo 56 de la Constitución Española de 1978 se refiere al papel del Rey en el sistema político del país. Este artículo establece que el Rey es el jefe del Estado, lo cual significa que simboliza la unidad nacional y representa a España en su conjunto, tanto dentro como fuera de sus fronteras.
Además, este artículo también establece que el Rey debe desempeñar funciones constitucionales específicas. En este sentido, una de las responsabilidades del Rey es sancionar y promulgar leyes aprobadas por las Cortes Generales, que son el Congreso y el Senado. Esta acción simboliza que las leyes son aprobadas en nombre del pueblo y tienen el respaldo de la institución real. También se enfatiza en este artículo que, aunque el Rey tiene un papel clave en el sistema político, no tiene responsabilidad por los actos que realiza en el ejercicio de sus funciones. Esto significa que las decisiones y acciones del Rey no pueden ser cuestionadas o juzgadas por sí mismas, sino que la responsabilidad recae en las figuras políticas que cumplen con el deber de asesorar al Rey en sus funciones.
En resumen, el artículo 56 establece la posición del Rey como figura representativa y simbólica en el marco político de España. Además, detalla las responsabilidades específicas que el Rey debe asumir, mientras recalca su falta de responsabilidad personal en el desempeño de sus funciones, ya que la responsabilidad recae en las personas políticamente responsables que actúan en su nombre.
