Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
El artículo 118 de la Constitución Española de 1978 establece la obligación de respetar las decisiones y cumplir con lo dispuesto por los jueces y tribunales de justicia. Es decir, cuando una resolución judicial, como una sentencia o un auto, se dicta de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, esa decisión debe ser aceptada y llevada a cabo por las partes involucradas y por las autoridades, sin que puedan ignorarla o busca una forma de eludirla.
Este artículo garantiza la efectividad y autoridad del sistema judicial en España, asegurando que se cumplan las leyes y se mantenga el orden en la sociedad. Además, protege los derechos y las garantías de las personas, ya que si las decisiones judiciales no fueran respetadas, se debilitaría el estado de derecho y se pondría en peligro el principio fundamental de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.
En resumen, el artículo 118 busca garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales, asegurando que tanto las partes afectadas como las autoridades respeten y acaten lo establecido para así mantener el principio de justicia y legalidad en el país.
