1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
El Artículo 158 de la Constitución Española de 1978 se refiere a la creación de mecanismos financieros específicos para asegurar el equilibrio económico de las distintas regiones y territorios del país, y garantizar la prestación adecuada de los servicios públicos en todas ellas.
Este artículo establece dos puntos principales. En primer lugar, menciona la creación de un fondo, llamado Fondo de Compensación, cuyo objetivo es ayudar a aquellos territorios que, debido a circunstancias históricas, geográficas o económicas, tengan dificultades para asegurar un adecuado nivel de servicios públicos y bienestar para sus ciudadanos. Este fondo se nutre de las contribuciones del Estado y de las Comunidades Autónomas, y es distribuido de acuerdo a criterios de solidaridad y compensación buscando reducir las desigualdades entre las diferentes regiones de España.
El segundo punto establece la posibilidad de que las leyes de financiación de las Comunidades Autónomas establezcan la participación de estas en los ingresos del Estado. Estos recursos adicionales serían repartidos de acuerdo a la población, riqueza y otros criterios que pudieran ser considerados relevantes en cada caso, con el fin de garantizar una distribución justa y equitativa de las cargas y beneficios entre todas las regiones.
En resumen, el Artículo 158 de la Constitución Española busca asegurar el equilibrio económico y la igualdad entre las distintas partes del país, facilitando la distribución solidaria y equilibrada de recursos financieros para garantizar la calidad y el alcance de los servicios públicos en todas las regiones.