El trabajo está regulado en el artículo artículo 35 de la Constitución como un derecho y un deber, lo que implica la obligación para los poderes públicos de crear las condiciones necesarias para el ejercicio de ese derecho y remover los obstáculos para su ejercicio.
Todos nos hemos enfrentado alguna vez a situaciones como estas: “Tengo que pedir un certificado de nacimiento de mi hija en el Registro Civil y sé que voy a perder allí toda la mañana” o “Nos vamos de viaje una semana a un país extranjero y debo solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea por si pasa cualquier cosa; ahora me toca invertir tres horas de mi valioso tiempo para ir a la sede de la Seguridad Social…”. Puedes cambiar “certificado de nacimiento” o “Tarjeta Sanitaria Europea” por cualquier otro trámite conocido: certificado de empadronamiento, de matrimonio, de defunción, de la vida laboral…
Con la Constitución llegaron muchos derechos impensables en la anterior etapa, por aquello de ser una dictadura basada en valores muy tradicionales y religiosos. Uno de esos derechos consistió en la posibilidad de la separación y el divorcio: poner fin al vínculo matrimonial. Sigue leyendo
La Ley de la Segunda Oportunidad ha supuesto una pequeña revolución para la sociedad española. Este artículo trata de exponer las circunstancias y motivos que han motivado esa gran importancia. Sigue leyendo
El artículo 51 de la Constitución Española establece la protección a los consumidores y usuarios, que quedan reconocidos como la parte débil en el mercado. Así, se va a incluir la información y formación a los propios consumidores, al tiempo que se incentivará la creación y funcionamiento de asociaciones que defiendan sus intereses. Sigue leyendo
Mucho se está hablando estos días del Video caranchoa en que un joven youtuber llama «caranchoa» a un empleado de una empresa de reparto que está trabajando y éste le propina una bofetada. ¿Tienen relevancia penal esos hechos? Sigue leyendo
Una de las leyes que más veces aparece en los test de oposiciones, después de la propia Constitución Española, es la LOFAGE (Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado).
Esta ley, junto a la famosa LRJPAC, también conocida como LRJAP-PAC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), marcaba las pautas para el funcionamiento de los órganos de la propia Administración General del Estado, que no es poca cosa.