Los excesos en Las Cortes Generales

Qué representan las Cortes generales

Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa y representan la soberanía nacional, que reside en el pueblo. Pero, ¿cumple este organismo con el mandato del principio de igualdad o hay desigualdades ocultas en su regulación constitucional?

Qué significa que las Cortes Generales son inviolables

Puede parecer lógico que “Las Cortes Generales son inviolables”, pero no lo es tanto. Es posible demandar a una empresa que no cumple con los derechos laborales de los trabajadores, o que sus proveedores le reclamen las cantidades que pueda deberles; incluso se puede demandar a las Administraciones Públicas. Y las personas jurídicas pueden responder penalmente en determinados supuestos. Pero no es posible hacerlo si pretendes reclamar algo de las propias Cortes Generales. Ese halo de santidad y perfección les viene otorgado por el artículo 66.3, vulnerando algo tan básico como la separación de poderes y dejando a las Cortes, que encarnan el poder legislativo, por encima del judicial. O al margen, como prefieran ustedes, de modo análogo a lo que, como ya vimos, sucede con la figura del Rey.

El artículo 67 parece consagrar una cierta incompatibilidad de funciones, de forma que no es posible ser a la vez Diputado y Senador, ni miembro de una asamblea autonómica y Diputado a la vez. La idea es buena, pero acerquémonos un poco más y miremos con atención.

Resulta que sí es posible ser miembro de asamblea autonómica y Senador, así como compatibilizar la condición de Diputado o Senador con la de Concejal, Alcalde, Diputado Provincial o Presidente de Diputación: la Constitución no lo impide y son numerosos los ejemplos de políticos con multiactividad. Por razones como ésta mantienen los políticos tantos cargos a la vez y cobran tantos sueldos de tantos sitios distintos mientras pérfidos periodistas les cazan en la Cámara jugando al Apalabrados o al Candy Crush en los iPads que pagan nuestros impuestos. Parece que el principio de igualdad hace aguas en estos aspectos

Diputados y Senadores, a fin de garantizar el desempeño de su función, pueden decir en la Cámara correspondiente lo que les venga en gana sin que se les pueda demandar por ello. De ahí que su lenguaje en los debates sea mucho más duro que en los pasillos. Con la misma razón, el mismo artículo 71 les otorga el privilegio de sólo poder ser detenidos en caso de flagrante delito. Mientras que los demás podemos ser detenidos cuando intentamos cometerlo, en el caso de ellos hay que esperar a que lo estén cometiendo o lo acaben de cometer. Además, juzgados y tribunales que pretendieran abrirle un procedimiento a un Diputado o Senador habrían de pedirle permiso a la Cámara de la que es miembro: es lo que se conoce como “suplicatorio”. Y si no se concediera ese permiso, por ejemplo porque sus compañeros de partido supusieran la mayoría de los miembros de la Cámara y no creyeran oportuno ese proceso judicial, pues no se le juzgaría. Un evidente caso de desigualdad por “cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Por si fuera poco, el mismo artículo establece en su favor la competencia necesaria de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en caso de juzgarles por presunta comisión de delitos, igual que se establece para los miembros del Gobierno en el artículo 102.1. Es lo que conocemos como «aforamiento«, y es un privilegio extendido también a miembros de cámaras y gobiernos autonómicos.

Ojo, que no hablamos sólo de delitos cometidos con ocasión de su función pública, sino cualquier tipo de delitos, como pudiera ser violencia de género, agresiones sexuales, homicidio, tráfico de drogas… lo que fuera. No hay justificación real a alejar estas causas del resto de jueces y tribunales del Poder Judicial; están más que capacitados para instruir y juzgar a cualquiera de nosotros, y si se aprecia algún viso de falta de imparcialidad en ellos se les puede apartar del asunto mediante procedimientos legalmente establecidos. Este privilegio se intenta argumentar como una garantía de su función, pero no es tal. La mayor garantía sería el pleno sometimiento al dictado de la justicia en idénticas condiciones que un ciudadano más. No como si pertenecieran a un estamento social superior que sólo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo, de forma análoga a la nobleza medieval.

Lo que ya es para nota es que se trata de asalariados públicos que ellos mismos deciden cuál va a ser su sueldo. Y sus dietas. Y las cantidades para gastos. Y cuánto costará el móvil y el iPad que tendrán. Y cuánto costará la conexión a internet de su casa. Y que todo eso se pagará con dinero que sale de nuestros impuestos. Lo explica el artículo 71.4 con estas palabras: “Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.” Y se remata en el 72.1 cuando se dice que las Cámaras aprueban sus propios presupuestos: ellos deciden cuánto y cómo gastan del dinero recaudado de nuestros impuestos. Recordemos que las Cortes no generan, por sí mismas, ingresos: sólo gastan.

Además, y aunque no está en la Constitución, debe saberse que el servicio de cafetería del Congreso está subvencionado (véase Capítulo IV “Transferencias corrientes”) para que a sus Señorías le resulte económico: 950.000,00€.

En cuanto a lo de trabajar, coloquialmente se han envidiado siempre las vacaciones de los maestros: eso es porque no se saben las de Diputados y Senadores. El artículo 73.1 nos dice que trabajan de febrero a junio y de septiembre a diciembre, lo que nos deja los meses de enero, julio y agosto de vacaciones. Tres meses al año, mientras que el resto contamos con un mes, y gracias. Si eres autónomo, aquí tienes el significado de “vacación”. Ya podemos corregir el objetivo de nuestra envidia colectiva en lo que a vacaciones se refiere.

Parece que en las desigualdades sí que han resultado ejemplares las Cortes Generales.